La Ley de Prensa de Sagasta (1883)

Antecedentes

La llegada al poder de Alfonso XII en 1874, tras el levantamiento del General Martínez Campos en Sagunto, supuso el fin de la revolución de 1868, La Gloriosa. La Restauración Borbónica había sido posible gracias al trabajo político de Cánovas del Castillo que desde el principio se opuso al levantamiento para la instauración de la monarquía, ya que eso podía perjudicar la imagen del rey. Cánovas quería establecer un régimen donde la soberanía estuviese compartida entre el monarca y el pueblo, estos últimos representados por dos partidos políticos, el conservador y el liberal, que se turnarían en el poder. Era un bipartidismo al estilo inglés. El sistema de la restauración se caracterizo, hasta el desastre del 98, por su estabilidad. La estabilidad de este período posibilitó el desarrollo económico del país.

El levantamiento de Martínez Campos tuvo repercusiones directas en materia de prensa. La tarde del 29 de diciembre, todos los diarios recibieron la misma notificación del Gobierno Civil, la censura previa se instauraba en los medios de comunicación.

La política de prensa se iba a caracterizar en aquel momento por el miedo a que la prensa, sino toda, al menos una parte, pudiera obstaculizar la consolidación del nuevo régimen. Por ello se autorizaron medidas de carácter represivo que además de incluir la censura previa, como hemos vista anteriormente, preveía la posibilidad de suspender temporalmente las publicaciones y el establecimiento de Tribunales especiales para juzgar los delitos de prensa. De hecho, con carácter circunstancial se suspendieron todos los periódicos de la oposición. Todas estas medidas represivas se instauraron de manera provisional y fueron refrendadas en el Primer Decreto sobre prensa del 29 de enero de 1875. Los puntos principales que recogía este decreto son los siguientes:

  1. Se necesitará una licencia previa del ministro de la Gobernación para poder sacar un periódico nuevo.
  2. Además, el gobierno puede suspender una publicación, secuestrar ejemplares e instaurar una censura gubernativa.
  3. Por último, quedaba terminantemente prohibido atacar ya fuera de forma directa, indirecta o encubierta el sistema monárquico-constitucional.

Poco tiempo después, cuando ya se consideraba que el régimen estaba cuajando, y se estaba llegando a la normalidad política, Cánovas del Castillo, con su Real Decreto del Ministerio del 18 de mayo, marcó un pequeño punto de inflexión. Se permite a la prensa la posibilidad de discutir sobre cuestiones constitucionales. En opinión de Desantes a Cánovas “ya no le preocupa la imprenta en general, sino la prensa en concreto”[1].

Una vez convocadas las elecciones a Cortes Constituyentes para el 20 de enero de 1876 se promulgará el Real Decreto del 31 de diciembre de 1875, un decreto que establecerá claramente los límites de la libertad y restaurará una vez más los Tribunales especiales para juzgar los delitos de prensa, además de una fiscalía especifica para esos casos.

El 27 de marzo de 1876 fue presentado el Proyecto de Constitución y el 30 de junio fue promulgada. El texto constitucional está caracterizado por un fuerte espíritu de conciliación. Es una mezcla de la de 1845 y la de 1869, de la primera toma el reconocimiento de la religión católica como la religión del Estado, pero se introduce el respeto al resto de cultos; de la segunda toma la soberanía compartida y el reconocimiento de un amplio abanico de derechos y libertades[2]. Como la libertad de expresión, reconocida en el artículo 13:

“Todo español tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento semejante, sin censura previa”.[3]

 

Como vemos, y según este artículo, se elimina la censura previa. Pero para que la legislación posterior reconociera este artículo en toda su plenitud tendríamos que esperar hasta la ley de Prensa de 1883.

Está constitución estará vigente hasta el golpe de estado del general Miguel Primo de Rivera en 1923, es decir, es la Constitución más duradera de la historia de España.

El 7 de enero de 1879 es promulgada la Ley de Prensa, una ley larga y compleja. La tónica general de la misma es la férrea protección a la figura del rey y al régimen en general. El artículo 16 prohíbe “atacar directa o indirectamente la forma de Gobierno o las instituciones fundamentales”[4]. Esta ley entraba en conflicto con el artículo 13 de la constitución ya que establecía una amplia tipificación de los delitos de imprenta como injuriar a la religión del Estado, ridiculizar a los cuerpos estatales, dudar de la legitimidad de las elecciones generales, publicar noticias que favorezcan a los enemigos militares, defender doctrinas contrarias a la organización de la familia o de la propiedad, publicar noticias falsas u ofender a los monarcas o Jefes de Estado amigos o a sus diplomáticos, entre otros[5]. Estos delitos se juzgaban en los Tribunales Especiales de Imprenta. En general, está ley exponía una excesiva reglamentación, como por ejemplo, la enumeración de las condiciones que habían de reunir los repartidores de periódicos. Esta ley, además reconoce la existencia jurídica del fundador-propietario del periódico, dejando de lado al director de la publicación. Por último, esta ley faculta al gobierno para prohibir la entrada de periódicos extranjeros en territorio español.

El 23 de mayo de 1880, dentro del Partido Liberal, se unen el Partido Centrista y el Partido Constitucional, es el denominado Partido Fusionista. Con la creación de este partido Cánovas practicó una mayor apertura, siendo más tolerante en materia de prensa. El 25 de noviembre de ese mismo año, el Ministerio aprobó un Real Decreto por el que se redujo a la mitad la pena de todas las publicaciones que tuvieran pendientes sentencias de suspensión[6]. En febrero de 1881 forma gobierno el liberal Sagasta. Una de sus primeras medidas es indultar a los periódicos y periodistas que estuvieran cumpliendo penas de suspensión. Estos indultos se establecieron a través de los Reales Decretos del 14 de febrero y el 23 de noviembre.

El Ministerio de Gobernación propuso a las Cortes un Proyecto de Ley de Imprenta en 1882. En sus 22 artículos tenía la voluntad de cambio[7] apoyándose en el espíritu del artículo 13 de la Constitución. El Proyecto no definía delitos, penas ni jurisdicciones especiales, confiaba en el Código Penal y en los Tribunales ordinarios[8]. Pero las tensiones internas del partido así como le desgaste del mismo hizo que Sagasta reorganizase su gabinete. El nuevo ministro de la Gobernación retiró de las Cortes el Proyecto de Ley.

La Ley de Policía de Imprenta de 1883

Para Enrique Gómez Reino, Catedrático de Derecho de la Información de la Universidad Complutense de Madrid “La ley de 1883 es quizás la más liberal de todas las dictadas en nuestro país hasta la época presente”. Para Desantes, Catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid “es la de más perfecta técnica y la más consecuente con el principio de libertad”.

Esta ley supone una ruptura total con la legislación anterior. Se basaba en el principio de que la libertad de expresión, el derecho a emitir opiniones e ideas era ilegislable[9]. La legislación en materia de imprenta debía garantizar el derecho reconocido en el artículo 13 de la constitución no cuartarlo ni vigilarlo. Ni teórica, ni prácticamente la Ley aceptaba que hubiera especialidad en el delito de imprenta[10]. Las ideas principales de esta ley las podemos sintetizar de la manera siguiente:

  1. Para esta ley es impreso “la manifestación del pensamiento por medio de la imprenta, litografía o por otro procedimiento mecánico de los empleados hasta el día, o que en adelante se emplearen para la reproducción de las palabras, signo y figuras sobre papel, tela o cualquier otra materia”.
  2. Se entiende que un impreso está publicado “cuando se haya extraído más de seis ejemplares del mismo establecimiento en que se haya hecho la tirada”.
  3. Para fundar un periódico solo es necesario informar a la autoridad gubernativa de la localidad cuatro días antes de su primera publicación. A ello habrá que adjuntar una declaración firmada por el fundador del periódico. Es decir, no es necesario obtener una licencia previa para constituir un diario.
  4. La representación de la prensa ante los Tribunales y las Autoridades le corresponde al Director[11], por lo tanto, queda derogado la representación del fundador-propietario establecida en la Ley de Prensa de 1879.
  5. Desaparece la figura del depósito previo de las publicaciones, ahora solo es necesario la presentación de ejemplares. Del mismo modo, se reconoce el derecho del editor a poseer los originales firmados, aunque no puede utilizarlos en ningún caso sin el permiso del autor.
  6. Los responsables de juzgar los delitos cometidos a través de la imprenta son los Tribunales ordinarios siguiendo los preceptos del Código Penal. Por tanto, desaparecen la categorización de los delitos de imprenta, los fiscales y los Tribunales especiales.
  7. El Consejo de Ministros está facultado para prohibir la entrada de publicaciones extranjeras escritas en idioma español.

En torno a los años 1874 y 1885 el periodismo en España sufre una aceleración explosiva. En 1874 en Madrid se editaban 29 diarios, mientras que en 1884, apenas 9 años después, el número había crecido hasta 41. Estamos ante la consolidación de la prensa española.

Lo que vino después…

La progresista Ley de Prensa de 1883 funcionará sin cambios en el Estado español hasta que comienzan los problemas, el espíritu liberal que la había encumbrado parecía que poco a poco iba desapareciendo.

El 22 de septiembre de 1886 se declaró el estado de guerra, tras el intento de levantamiento del general Villacampa que pretendió instaurar la República. Como consecuencia de ello el régimen de prensa pasó a depender de las autoridades militares. El día 25 de septiembre, en su página 4, el diario La Vanguardia publica la siguiente información:

“El estado de sitio y la prensa de Madrid. El capitán general de Castilla la Nueva y el gobernador civil de Madrid han dirigido a los periódicos de la corte los dos oficios siguientes: “(…) dicte usted las órdenes claras y precisas para que los periódicos que usted dirige no se ocupe en absoluto de los procedimientos judiciales que se están siguiendo para esclarecer los hechos ocurridos en la noche del 19 (…) está prohibido terminantemente por las leyes ordinarias y excepcionales, dar noticias directas o indirectas sobre aquellas.

Además evitará usted que en absoluto se publiquen artículos, sueltos ni noticia alguna que se relacionen con las disciplina y el orden público, y mucho menos se basen en noticias que no sean oficiales (…).

Espero que no se me pondrá el caso de verme precisado a entregar al periódico a un Consejo de guerra, ni tampoco a suprimirlo si reincidiera.””

 

Estas restricciones durarán 23 días.

Una situación parecida se da en 1893 con el conflicto africano. Las autoridades militares son las encargadas de vigilar la prensa. La situación para la prensa no hizo más que empeorar según iba pasando el tiempo. En 1894 una ley establecía restricciones respecto a la motivación o a la apología del anarquismo por parte de la prensa instaurando una serie de penas, en 1896 esas penas se endurecieron a través de otro decreto que también autorizaba al poder gubernativo a suprimir periódicos anarquistas y a expulsar del país a los propagandistas anarquistas.  Por otra parte la guerra de Cuba (1898) motivará un Decreto que establece la censura militar para la prensa. El endurecimiento de la legislación sobre prensa venía motivado por el debate que cada vez iba cobrando más fuerza de la unidad de la patria (regionalismos, guerras).

El 23 de marzo de 1906 se había aprobado la Ley de Jurisdicciones que limitaba la libertad de prensa y la jurisdicción civil, al determinar que los delitos contra el Ejército (injuria al Ejército) y la Patria (ultraje a la nación) serían juzgados por tribunales militares. A partir de ese momento, el Ejército se convertía en virtual monopolizador del patriotismo[12]. Esta Ley resucitaba las penas de supresión de las publicaciones.

En palabras de Carlos Soria, profesor de Derecho de la Información de la Universidad de Navarra, “bien podía decirse que la libertad de prensa formulada en 1883, requería, en 1906, ser de nuevo liberada”[13].

BIBLIOGRAFÍA


[1] DESANTES, Guanter: Fundamentos del Derecho de la Información, 1977, Madrid.

[2] MORENO GARRIDO, Belén: El Reinado de Alfonso XIII, 2009, Madrid.

[3] SORIA, Carlos: La ley española de Policía de Imprenta 1883, pág. 15.

[4] Ibíd, 16

[5] Ibíd, 16

[6] Ibíd, 19

[7] SORIA, Carlos: La ley española de Policía de Imprenta 1883, pág. 20.

[8] Ibíd

[9] Ibíd, 22

[10] Ibíd, 23

[11] Ibíd, 26

[12] MORENO GARRIDO, Belén: El reinado de Alfonso XIII

[13] SORIA, Carlos: La ley española de Policía de Imprenta de 1883. Pág. 40.

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